Presidente Donald Trump anunció un nuevo intento para limitar la ciudadanía por nacimiento
El presidente Donald Trump volvió a arremeter esta semana contra la ciudadanía por nacimiento y anunció que pedirá a la Corte Suprema una nueva audiencia para revisar este derecho, pues considera que la decisión tomada en los últimos días por el máximo tribunal fue un “error judicial”.
El mandatario fue más allá y aseguró que la interpretación actual de la Decimocuarta Enmienda facilita el llamado Turismo de nacimiento. Su anuncio surgió tras denunciar presuntas vallas publicitarias en el sur de Texas, que ofrecen partos en territorio estadounidense desde $4,000 dólares.
Si la Corte Suprema decide aceptar una nueva revisión, el debate sobre la ciudadanía por nacimiento volverá a estar en el centro de la discusión migratoria de Estados Unidos.
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¿Qué otro camino tendría el gobierno para acabar la ciudadanía por nacimiento?
Además de una reforma constitucional, el otro camino que tendría el Gobierno para intentar restringir la ciudadanía por nacimiento sería impulsar una ley en el Congreso que redefina quiénes pueden acceder a ese derecho.
Sin embargo, esta alternativa enfrenta un obstáculo de gran magnitud: la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, por lo que una ley ordinaria no puede contradecir el texto constitucional sin exponerse a un desafío en los tribunales.
En la práctica, si el Congreso llegara a gestionar una legislación de este tipo, lo más probable es que sea demandada casi de inmediato por estados, organizaciones de derechos civiles y personas directamente afectadas. El litigio recorrería las cortes federales, pasaría por las cortes de apelación y, seguramente, terminaría nuevamente en la Corte Suprema, que tendría la última palabra sobre su constitucionalidad.
Ese proceso podría extenderse entre dos y cinco años, o incluso más, dependiendo de la complejidad de los casos y del calendario judicial.
¿Es realmente viable?
Desde el punto de vista político y jurídico, el panorama es complejo. Aunque el Congreso tiene la facultad de aprobar leyes migratorias, la mayoría de los especialistas en derecho constitucional sostiene que cualquier norma que limite la ciudadanía por nacimiento tendría grandes dificultades para sobrevivir judicialmente, porque este es un derecho que se encuentra consagrado en la Constitución.
En otras palabras, aprobar una ley podría abrir el debate, pero no garantiza que el cambio llegue a entrar en vigor.
La única vía con posibilidades reales de producir un cambio permanente sería modificar la propia Constitución. No obstante, ese camino exige mayorías en ambas cámaras del Congreso y la ratificación de 38 estados, un consenso que, históricamente, ha sido difícil de alcanzar.
En conclusión, aunque existen mecanismos legales para intentar cambiar o acabar con la ciudadanía por nacimiento, ninguno ofrece plenas garantías y todos enfrentarían importantes obstáculos políticos y judiciales antes de convertirse en realidad.
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