Washington se une a batalla judicial para limitar arrestos sin orden
El estado de Washington se sumó a una coalición de 21 fiscales generales que busca mantener las restricciones a determinados arrestos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sin orden judicial. A través de esta iniciativa, se pretende cuestionar las condiciones en las que los agentes federales pueden detener a una persona sin contar previamente con una orden.
En este sentido, el fiscal general de Washington, Nick Brown, anunció el 21 de octubre su participación dentro de la coalición, la cual ya presentó un escrito ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington D.C. para respaldar una decisión judicial que limita este tipo de detenciones.
El documento corresponde al caso Escobar-Molina contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una disputa que comenzó en 2025 y que involucra las prácticas de arresto de las autoridades migratorias. Es importante aclarar que si bien Washington no inició el caso, si se incorporó para respaldar el cuestionamiento ante el tribunal de apelaciones.
Además de Washington, la coalición incluye a otros 21 fiscales generales, entre ellos los de California, Nevada, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois y Colorado, así como el Distrito de Columbia. Los funcionarios buscan que se mantengan las restricciones mientras continúa el proceso judicial.
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¿Qué cuestionan Washington y los otros 21 fiscales generales?
La disputa se centra en una condición prevista por la ley federal que indica que, para realizar determinados arrestos migratorios sin una orden, los agentes deben tener motivos para creer que la persona podría escapar antes de obtenerla, además de cumplir los demás requisitos legales.
Justamente, en diciembre de 2025, un juez federal emitió una orden preliminar que limita las detenciones cuando no se cumple esa condición y, en mayo de 2026, el tribunal también cuestionó las instrucciones que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) había dado a sus agentes para aplicar la orden.
Sin embargo, el gobierno Trump apeló la decisión y el caso llegó al Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C., es en este contexto en el que los 22 fiscales generales presentaron su escrito para respaldar la continuidad de las restricciones impuestas por el juez.
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¿Qué significa la disputa judicial para los inmigrantes que viven en Washington?
La fiscalía general del estado advirtió que las operaciones migratorias afectan la vida cotidiana de las comunidades, por lo que entre las preocupaciones señaladas están el temor de algunas familias a acudir a servicios médicos, enviar a sus hijos a la escuela o realizar actividades laborales.
En este sentido, el resultado del caso es importante para los inmigrantes que viven en Washington, porque se busca aclarar los límites legales de ciertos arrestos realizados sin orden judicial. No obstante, hay que decir que la orden no significa que todas las detenciones sin orden estén prohibidas ni que se aplique automáticamente a cualquier arresto migratorio en el estado.
Por ahora, el tribunal de apelaciones debe resolver el caso en el cual la participación de Washington busca mantener las restricciones cuestionadas por el gobierno Trump y mientras eso sucede, la disputa continuará en los estrados judiciales.
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