Senadores demócratas exigen al HHS frenar plan de defensa de abogados de gobierno a niños migrantes
La creación de una división legal dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos ha desatado cuestionamientos sobre la independencia de los abogados que representarán a menores migrantes no acompañados.
Los legisladores piden restablecer la asistencia jurídica independiente, mientras el Gobierno sostiene en su aviso oficial que la nueva unidad actuará separada de las áreas que tienen a su cargo el cuidado de los niños.
¿Puede un niño migrante confiar plenamente en el abogado que lo representa ante un juez de inmigración si ese profesional trabaja para el mismo Gobierno que administra su custodia? Esa es una de las preguntas que ha puesto sobre la mesa el grupo de seis senadores demócratas, quienes exigieron al secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., que revierta la decisión de utilizar abogados de su propia dependencia para representar a menores migrantes no acompañados en procesos migratorios.
La petición, anunciada el 19 de octubre de 2026 por la senadora Tammy Duckworth y respaldada por Richard J. Durbin, Ron Wyden, Adam Schiff, Edward J. Markey y Elizabeth Warren, cuestiona la independencia de esa nueva unidad jurídica creada dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Los legisladores consideran que existe un posible conflicto de interés porque la dependencia tiene responsabilidades relacionadas con el cuidado y la custodia de estos menores, mientras que sus abogados pasarían a defender los intereses individuales de los niños ante los tribunales de inmigración.
La controversia nace después de que el HHS publicara un aviso en el Registro Federal el pasado 29 de septiembre de 2026, en el que formalizó la creación de la División de Representación Legal para Menores Extranjeros No Acompañados, conocida por sus siglas en inglés como UACLRD.
El anuncio contempla que sus abogados podrán proporcionar orientación jurídica, explicar derechos y opciones migratorias y representar a los menores durante sus procedimientos ante los tribunales de inmigración y otros organismos competentes.
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¿Por qué preocupa que el gobierno represente legalmente a los menores?
El cuestionamiento no se limita a quién paga los honorarios de un abogado. El centro de la discusión está especialmente sobre a quién debe representar y proteger ese profesional cuando los intereses de su cliente pueden entrar en conflicto con los de una institución gubernamental.
Los niños migrantes no acompañados son menores de 18 años que no tienen un padre o tutor legal disponible para proporcionarles cuidado y custodia en Estados Unidos, según la definición legal federal. Muchos llegan después de atravesar situaciones de vulnerabilidad y deben enfrentarse a un sistema migratorio que puede resultar difícil de comprender incluso para un adulto.
En estos procedimientos, las decisiones pueden tener consecuencias determinantes para su futuro: desde la posibilidad de solicitar asilo u otras formas de protección hasta una orden de deportación.
Por eso, la representación jurídica no consiste únicamente en explicar cómo funciona una audiencia. También implica evaluar los antecedentes del menor, identificar las opciones legales disponibles, mantener la confidencialidad de las comunicaciones y presentar argumentos en defensa de sus intereses.
Los seis senadores sostienen que esa labor debe estar en manos de abogados independientes y con experiencia en la representación de menores migrantes.
En la carta dirigida a Kennedy, los legisladores advierten que el HHS mantiene responsabilidades de custodia, decide dónde viven los menores bajo su cuidado y maneja información personal relacionada con ellos y sus familias. A su juicio, esas funciones generan dudas cuando la misma institución asume también su defensa jurídica.
Qué establece el Registro Federal sobre la nueva división
El aviso publicado el 29 de septiembre detalla las funciones de la UACLRD y establece algunas barreras institucionales para separar su trabajo del resto del departamento.
Según el documento, la división funcionará dentro de la Oficina del Asesor Jurídico General del HHS y podrá:
- Proporcionar asesoría legal directa a menores migrantes no acompañados.
- Explicarles los procedimientos migratorios, sus derechos y sus responsabilidades.
- Comparecer en representación de los niños ante tribunales de inmigración y otros organismos competentes.
- Continuar con la representación durante el proceso migratorio, según corresponda.
El documento también establece que la división desempeñará sus funciones de manera independiente de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), la Administración para Niños y Familias y la división jurídica que presta servicios a esas áreas.
Además, señala que los abogados de la UACLRD no proporcionarán asesoría ni representación a esas dependencias en asuntos en los que estén defendiendo a un menor. También podrán coordinarse con otras oficinas federales cuando sea necesario, siempre que respeten sus obligaciones profesionales hacia el niño que representan.
Estas disposiciones muestran que el Gobierno contempla una separación funcional entre los abogados que defienden a los menores y las áreas responsables de su cuidado. Sin embargo, la división seguirá formando parte de la estructura jurídica del HHS. Su dirección estará subordinada al asesor jurídico general de la dependencia.
¿Qué dice la ley sobre la representación de los niños migrantes?
La legislación federal ya contempla obligaciones específicas para proteger el acceso de los menores no acompañados a la asistencia jurídica.
El artículo 1232(c)(5) del título 8 del Código de Estados Unidos establece que el secretario del HHS debe garantizar, en la mayor medida, que los menores comprendidos en la disposición cuenten con representación legal para sus procedimientos y asuntos jurídicos, con el objetivo de protegerlos contra el maltrato, la explotación y la trata de personas.
La misma norma establece que el departamento debe hacer todo esfuerzo posible, en la medida practicable, para utilizar abogados que presten sus servicios gratuitamente.
Esto introduce un elemento importante en el debate: la obligación legal de facilitar representación no significa, por sí misma, que todos los menores tengan garantizado un abogado designado y financiado por el Gobierno en cualquier circunstancia. La norma establece un deber de procurar acceso a representación, sujeto a sus términos y límites.
Por su parte, el reglamento federal sobre servicios jurídicos para menores no acompañados contempla orientación en un idioma que el niño comprenda, información sobre las opciones de protección migratoria y acceso a abogados independientes para determinados servicios.
Los senadores invocan estas disposiciones para defender un modelo basado en proveedores jurídicos externos con experiencia en la atención de menores vulnerables.
Qué exigen los seis senadores a Robert F. Kennedy Jr.
Los legisladores solicitaron dos medidas concretas:
- Revertir la decisión de crear la UACLRD y confirmar por escrito, a más tardar el 30 de octubre de 2026, que ningún abogado del HHS representará a menores no acompañados en procedimientos migratorios.
- Restablecer la representación jurídica independiente, haciendo los esfuerzos exigidos por la ley para utilizar abogados voluntarios y apoyando a proveedores jurídicos externos con experiencia mediante mecanismos de financiación competitivos.
Para un niño que llegó solo a Estados Unidos, enfrentarse a un proceso de deportación puede significar mucho más que comparecer ante un juez, también implica explicar experiencias traumáticas, demostrar por qué teme regresar a su país y comprender procedimientos que determinarán su futuro. En ese escenario, la confianza en su abogado es esencial.
Si quieres ampliar la información da clic acá: https://www.unotv.com/us/inmigracion-us/ninos-imigrantes-por-que-senadores-democratas-rechazan-que-abogados-del-gobierno-los-defiendan-en-corte/
