Gobierno Trump crea grupo especial para frenar el “turismo de nacimiento”

El Departamento de Estado creó un grupo de trabajo para combatir el llamado “turismo de nacimiento”, una práctica que la administración Trump busca frenar mediante un mayor control de las visas y de las personas que intentan ingresar a Estados Unidos con el propósito de dar a luz en el país, pero el gobierno asegura que la ofensiva ya comenzó: el nuevo grupo ha participado en la revocación de más de 600 visas de ciudadanos extranjeros en diferentes partes del mundo.

Según el Departamento de Estado, el objetivo del grupo es poner fin al uso de visas estadounidenses por parte de personas que viajan al país principalmente para dar a luz y obtener para sus hijos los beneficios asociados que trae la ciudadanía estadounidense. La administración considera que esta práctica representa un abuso al sistema migratorio y ha ordenado a sus funcionarios tomar medidas para identificar estos casos y actuar contra las visas correspondientes.

La estrategia no se limita a impedir que una persona obtenga una visa: también busca utilizar las facultades del Departamento de Estado para revocar visas que ya fueron emitidas cuando las autoridades determinen que existió un uso indebido o que la persona no cumplía con los requisitos para mantener ese documento.

Te puede interesar leer sobre: Turismo de nacimiento y bebés de madres inmigrantes: el debate migratorio que hoy redefine la ciudadanía en EE. UU.

¿Pero qué es el turismo de nacimiento? Esto ocurre cuando una persona viaja a Estados Unidos, generalmente con una visa de turista, con la intención principal de dar a luz en el país por lo que la administración Trump considera que ocultar ese propósito al solicitar una visa puede constituir una tergiversación de la información entregada a las autoridades migratorias.

La ofensiva también está relacionada con la nueva orden ejecutiva de Trump que busca limitar la ciudadanía por nacimiento en determinados casos, el gobierno sostiene que existen situaciones en las que los hijos nacidos en Estados Unidos de padres que no tienen un estatus migratorio determinado no deberían recibir automáticamente la ciudadanía.

Pero esa medida ya enfrenta una nueva batalla en los tribunales. Grupos de derechos civiles, entre ellos la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), pidieron a un juez federal que bloquee la nueva orden de Trump, argumentando que el presidente no tiene autoridad para modificar mediante una orden ejecutiva las reglas constitucionales que determinan quién es ciudadano estadounidense al nacer.

La ACLU y otros grupos sostienen que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución y por eso, argumentan que una orden presidencial no puede simplemente cambiar ese derecho ni establecer nuevas condiciones que contradigan la Constitución.

Te puede interesar leer sobre: EE. UU. revocará visas de turistas a mujeres que viajen al país a dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos

En medio de esta batalla aparece una norma poco conocida de la Ley de Inmigración y Nacionalidad: la Sección 215, precisamente la administración Trump la está utilizando como parte de su argumento sobre el poder presidencial para establecer condiciones de entrada al país y controlar quién puede ingresar a su territorio.

Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump en seguridad nacional, defendió esta interpretación y según él, la Sección 215 otorga al presidente una autoridad muy amplia para establecer reglas sobre la entrada de personas a Estados Unidos y es una de las principales herramientas legales utilizadas por la administración para justificar estas medidas.

La nueva ofensiva contra el turismo de nacimiento abre otro capítulo de la batalla migratoria de Trump, por un lado, el Departamento de Estado busca aumentar el control sobre las visas, mientras que los grupos de derechos civiles intentan frenar las nuevas restricciones en los tribunales y la Casa Blanca defiende su autoridad citando, entre otras normas, la Sección 215 de la INA. Ahora serán los jueces quienes deberán determinar hasta dónde puede llegar ese poder presidencial.

Puedes ampliar esta información haciendo clic aquí.