Tribunal prohíbe a ICE detener personas por perfil racial en siete condados del sur de California
Un nuevo fallo judicial establece límites a las operaciones migratorias federales en el sur de California y prohíbe que los agentes utilicen características como la raza, el origen étnico o el idioma para detener a las personas.
La decisión aplica en siete condados y representa un nuevo límite judicial a las prácticas de control migratorio en la región. Los agentes ya no podrán basarse en estereotipos raciales dentro del Distrito Central de California para las aprehensiones.
La decisión se convierte en un alivio para las comunidades inmigrantes, especialmente para aquellas personas de origen latino que viven, trabajan o transitan por esta región, donde las operaciones de control migratorio han generado preocupación por la manera en que se identifica y selecciona a quienes son sometidos a interrogatorios o detenciones.
¿Qué prohíbe exactamente la decisión judicial?
La jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong concedió una orden judicial preliminar en el caso Vasquez Perdomo v. Mullin, que impide al Gobierno federal continuar con prácticas de detención migratoria basadas en estereotipos raciales dentro de la jurisdicción del tribunal.
La resolución establece que los agentes deben evaluar la totalidad de las circunstancias antes de detener a una persona y contar con una sospecha razonable individualizada. No pueden justificar una intervención únicamente porque alguien parezca latino, sea de bajos ingresos o pertenezca a la clase trabajadora.
La medida contempla una excepción para procedimientos realizados en puertos de entrada, puestos de control fronterizo y otros lugares considerados equivalentes de la frontera.
En otras palabras, tener apariencia latina, hablar español o desempeñarse en ciertos sectores económicos no constituye, por sí solo, una justificación suficiente para detener a alguien con fines de control migratorio.
Los siete condados protegidos por la orden
La decisión comprende el Distrito Central de California, que incluye los condados de:
- Los Ángeles.
- Orange.
- Riverside.
- San Bernardino.
- San Luis Obispo.
- Santa Bárbara.
- Ventura.
Esta delimitación geográfica incluye zonas urbanas, comunidades agrícolas, áreas industriales y lugares de trabajo donde se concentra una parte importante de la población latina.
¿Qué evidencias llevaron a la jueza a tomar esta decisión?
Uno de los elementos más importantes del caso es que el fallo no se fundamentó únicamente en denuncias de organizaciones comunitarias. La jueza examinó evidencias presentadas durante el litigio, entre ellas grabaciones de cámaras corporales, mensajes de texto entre agentes federales, testimonios y documentación sobre las operaciones migratorias.
Según un reporte de Los Ángeles Times, la magistrada hizo referencia a mensajes en los que agentes utilizaban expresiones despectivas contra personas latinas y a operativos realizados en lugares como lavaderos de automóviles y establecimientos comerciales.
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El Gobierno de Trump ya apeló la decisión
La Administración Trump presentó un aviso ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con el objetivo de impugnar la decisión de la jueza federal.
El caso tiene antecedentes importantes. En 2025, las organizaciones demandantes ya habían cuestionado las detenciones migratorias realizadas en el sur de California y consiguieron restricciones judiciales. Sin embargo, la Corte Suprema permitió posteriormente que determinadas operaciones continuaran mientras avanzaba el litigio.
La nueva orden se apoya en un expediente probatorio ampliado, con evidencias obtenidas durante el proceso de descubrimiento de pruebas, y plantea argumentos y medidas de protección que la jueza considera diferentes de los examinados anteriormente.
Una disputa que puede tener repercusiones más allá de California
El caso Vasquez Perdomo v. Mullin se convierte en un precedente relevante dentro del debate sobre los límites constitucionales de las operaciones migratorias federales.
La controversia deja una duda y es ¿hasta dónde pueden llegar las autoridades migratorias cuando realizan operativos en espacios públicos, establecimientos comerciales y lugares de trabajo?
La decisión de California no establece automáticamente las mismas restricciones para el resto del país. Sin embargo, el litigio puede resultar relevante para otras demandas que cuestionan las prácticas de identificación, interrogatorio y detención utilizadas durante las operaciones migratorias.
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