Jueza federal restaura derecho a fianza para miles de inmigrantes detenidos en EE. UU.
Una jueza federal en California anuló una política reciente del gobierno que impedía a muchos inmigrantes detenidos solicitar una audiencia de fianza, esta decisión restablece un derecho básico que había sido eliminado este año y que afectaba especialmente a personas arrestadas dentro de Estados Unidos y no solo en la frontera.
Precisamente, con este fallo, miles de inmigrantes vuelven a tener la oportunidad de pedir una evaluación ante un juez para saber si pueden quedar en libertad mientras avanza su caso migratorio.
La política, que ahora quedó bloqueada, había sido establecida por el gobierno en julio de 2025 y, bajo esa norma, la mayoría de los inmigrantes detenidos eran clasificados como “personas que estaban intentando ingresar al país”, incluso si ya vivían en EE. UU. desde hacía tiempo, situación que los dejaba automáticamente sin derecho a audiencia de fianza, obligándolos a permanecer detenidos durante meses o incluso años.
Por eso, la jueza Sunshine S. Sykes consideró que esa interpretación de la ley era incorrecta y violaba el debido proceso, por lo que explicó que la legislación migratoria distingue claramente entre quienes son detenidos al momento de cruzar la frontera y quienes son arrestados dentro del país y para este segundo grupo, la ley sí permite solicitar una audiencia de fianza, y el gobierno no puede quitarles ese derecho con un cambio administrativo.
La decisión judicial beneficia a miles de inmigrantes que no tienen antecedentes penales graves y que fueron arrestados en operativos del interior del país o tras presentarse voluntariamente a una cita de inmigración. Para estas personas, la posibilidad de obtener una fianza significa poder preparar sus casos legales desde fuera de un centro de detención.
Vale recordar que la mayoría de las casi 65 mil personas detenidas por las políticas migratorias del Gobierno de Trump no tienen antecedentes criminales. Muchas de ellas fueron arrestadas únicamente por no tener documentos, algo que en Estados Unidos no es un delito, sino una falta civil, parecida a recibir una multa por estacionarse donde no se debe.
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