El viernes cambió la regla de carga pública: esto es lo que empezó a revisar inmigración

Desde este viernes 18 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos comenzó a aplicar una nueva versión de la llamada regla de carga pública, una política que puede influir en determinadas solicitudes de residencia permanente y admisión al país.

El cambio no significa que una persona que recibe ayuda del gobierno vaya a perder automáticamente su posibilidad de obtener una Green Card, lo que cambia es el margen que tendrán los oficiales de inmigración para revisar el caso. A partir de ahora podrán tomar en cuenta una gama mucho más amplia de beneficios públicos y otros aspectos de la vida del solicitante para determinar si consideran probable que dependa del gobierno en el futuro.

La entrada en vigor ocurre mientras que el gobierno federal enfrenta retos legales en los tribunales, ya que el pasado 14 de septiembre el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que 21 estados y Washington D.C. demandaron a la administración Trump para intentar bloquear la nueva regla. La disputa, a la que se unieron California, Colorado, Illinois, Michigan, Nevada, Nueva York, Nueva Jersey, Washington y Wisconsin, sostiene que la nueva política amplía de manera excesiva la discreción de los funcionarios y puede hacer que familias inmigrantes dejen de solicitar beneficios para los que legalmente califican.

Recordemos que la carga pública es una disposición de la ley migratoria que permite determinar si una persona que busca ingresar a Estados Unidos o ajustar su estatus podría convertirse en alguien que dependa principalmente del gobierno para subsistir.

La regla no se aplica a todos los inmigrantes ni a todos los trámites, ya que está relacionada principalmente con determinados procesos de admisión al país y solicitudes de ajuste de estatus, como las que buscan obtener la residencia permanente dentro de Estados Unidos.

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¿Qué cambió a partir del 18 de septiembre? 

El cambio más importante está en los beneficios que pueden entrar en la evaluación pues, hasta ahora y bajo la regla de 2022, el análisis estaba mucho más limitado, pero la nueva regla permite que, a partir del viernes, los oficiales consideren cualquier beneficio público sujeto a comprobación de ingresos, es decir, programas dirigidos a personas o familias que cumplen determinados requisitos económicos y que resulte relevante para el análisis del caso.

Entre los ejemplos identificados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) aparecen programas de asistencia en efectivo, vivienda pública o subsidiada, algunos programas de alimentación, asistencia para educación superior y determinados programas de cobertura médica.

En este sentido, la medida ya genera temor entre familias que usan programas como Medicaid, destinado a la cobertura de salud de personas de bajos ingresos y SNAP, un programa de asistencia para la compra de alimentos.

Entonces, el oficial debe analizar el conjunto de las circunstancias de la persona para lo que la ley establece como factores mínimos como, por ejemplo, la edad; el estado de salud, la situación familiar y financiera, los bienes, la educación. También puede considerar, cuando corresponde, el Formulario I-864, conocido como declaración jurada de patrocinio económico, a lo que se suma ahora la información relacionada con determinados beneficios públicos y otra información relevante que aparezca en el expediente.

Es importante aclarar que lo recibido por una persona antes de esta fecha no ingresa en este tipo de revisión y se evaluará con las reglas anteriores.

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¿Por qué 21 estados demandaron la nueva regla?

El 14 de septiembre, una coalición encabezada por Nueva York y formada por 21 estados y Washington D.C. presentó una demanda contra el gobierno federal, pues sostiene que la nueva regla puede generar temor entre las familias inmigrantes y llevarlas a abandonar o evitar beneficios públicos para los que cumplen los requisitos.

Los demandantes también cuestionan la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para establecer una política que, según ellos, amplía demasiado el concepto de carga pública.

La administración Trump, en cambio, ha asegurado que la regulación devuelve a los funcionarios la capacidad de evaluar de manera individual si una persona probablemente dependerá del gobierno y que esto es consistente con el objetivo de autosuficiencia establecido en la legislación migratoria.

Mientras las demandas avanzan en los tribunales, esta es la nueva realidad que enfrentan los inmigrantes solicitantes sujetos a la regla de carga pública desde este 18 de septiembre.

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