Departamento de Justicia pide a estados reportar a inmigrantes indocumentados para no perder ayudas federales
El gobierno de Donald Trump está aumentando la presión para que los gobiernos locales cooperen con las autoridades migratorias federales; así lo dio a conocer el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) al señalar que los estados que reciben fondos federales tendrían que informar al gobierno federal cuando sepan que una persona está en Estados Unidos sin autorización.
La medida podría afectar a programas que ayudan a familias de bajos ingresos y a personas que necesitan asistencia económica, entre ellos están el Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) con el que se apoya a familias con pocos recursos y el Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), que proporciona apoyo económico a adultos mayores o en condición de discapacidad.
Según el Departamento de Justicia, los estados reciben miles de millones de dólares al año a través de estos programas, por lo que el gobierno federal sostiene que, a cambio de recibir ese dinero, los gobiernos locales también deben cumplir con reglas relacionadas con inmigración.
El programa de ayuda para familias de bajos ingresos, conocido como TANF, recibe más de 16,400 millones de dólares al año en fondos federales, que se distribuyen de acuerdo con su necesidad. Por otro lado, el programa SSI entrega más de 60,000 millones de dólares al año en beneficios para personas de bajos ingresos que son mayores, ciegas o en condición de discapacidad.
Te puede interesar leer sobre: 2026 arranca con varios estados demócratas frenando la cooperación con ICE
¿Qué significa esta medida para los inmigrantes?
Hasta ahora, la obligación de informar sobre inmigrantes estaba entendida de una manera más limitada y alcanzaba a las oficinas estatales encargadas de administrar estos programas de ayuda, pero ahora, el Departamento de Justicia sostiene que la obligación puede extenderse a otras instancias del gobierno estatal, que tengan información sobre la situación migratoria de una persona.
Pero hay que hacer una aclaración importante, porque eso no significa que todos los inmigrantes indocumentados vayan a ser reportados automáticamente y tampoco indica que cada oficina estatal tendrá que comenzar a investigar el estatus migratorio de todos los que atiende; el cambio se enfoca en los casos en los que una agencia estatal ya tenga información que indique que una persona está en el país sin autorización, justamente el gobierno federal quiere que esa información pueda ser compartida con las autoridades migratorias.
Te puede interesar leer sobre: Estados santuario vs. detención: el verdadero mapa del poder migratorio de ICE en Estados Unidos
Entonces ¿qué pasa si un estado se niega a compartir información de inmigrantes indocumentados?
El Departamento de Justicia sostiene que los estados que no cumplan con estas reglas podrían arriesgar algunos de los fondos federales que reciben para ayudar a poblaciones vulnerables, lo cual pone a los gobiernos locales frente a dos caminos; por un lado, cooperar con el gobierno federal en materia migratoria y por el otro, enfrentarse a la posibilidad de perder recursos destinados a programas de ayuda.
El gobierno federal también sostiene que los estados que no quieran aceptar estas condiciones pueden dejar de participar en los programas, sin embargo, eso significaría renunciar al dinero federal que reciben para esos recursos.
Entonces, ¿qué información sobre la situación migratoria tiene el gobierno estatal y cuál puede ser compartida con las autoridades federales? Bien, por ahora, la medida no significa que una persona vaya a ser automáticamente detenida o deportada porque recibe algún tipo de ayuda estatal, pero representa un nuevo intento de la administración Trump por conseguir que los gobiernos estatales colaboren más directamente con su política migratoria.
Puedes ampliar la información haciendo clic aquí.
