¿A dónde serán deportados? Decisión judicial obliga a Trump a informar el destino de miles de inmigrantes

Antes de enviar a un inmigrante a un tercer país, el gobierno de Donald Trump debe informarle previamente cuál será su destino y darle la oportunidad de explicar si teme ser perseguido o sufrir daños allí, como parte de las garantías a una legítima defensa.

Así lo dejó claro el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de EE.UU., con sede en Boston, que bloqueó, (a última hora del miércoles) los traslados de inmigrantes que venía haciendo la administración a países distintos de sus naciones de origen, sin brindarles la oportunidad de plantear preocupaciones sobre Derechos Humanos.

Sin embargo, pocas horas después la administración Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos suspender estas restricciones y permitir que continúen las deportaciones rápidas a terceros países. El gobierno sostiene que las nuevas exigencias están dificultando la organización de los vuelos y las negociaciones con los países que aceptan recibir a los inmigrantes.

El escrito ante el alto tribunal lo presentó el procurador general D. John Sauer, encargado de representar a la administración ante el Supremo. Sauer argumentó en su presentación que “el Gobierno ha podido expulsar a miles de extranjeros a terceros países en los últimos meses, y miles más son elegibles para dicha expulsión”.

En este sentido la Casa Blanca sostiene que la decisión judicial ya provocó consecuencias operativas concretas como la cancelación de un vuelo que debía trasladar a setenta personas con antecedentes penales a tres países distintos, cuyos nombres no reveló. Según el escrito gubernamental, la cancelación exigió “una nueva ronda de compromiso diplomático” con cada uno de esos países, en momentos en que decenas de acuerdos de este tipo dependen de negociaciones reservadas con gobiernos extranjeros.

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¿Qué son las deportaciones a terceros países?

En estos casos, una persona con una orden de deportación no es enviada necesariamente a su país de origen y el gobierno de Estados Unidos puede intentar trasladarla a otro país que acepte recibirla y con la que mantenga vigentes acuerdos.

La administración Trump ha utilizado esta alternativa cuando una persona no puede ser enviada directamente al sitio en el que nació. Según cifras citadas por Reuters, más de 25,000 inmigrantes han sido enviados a por lo menos 29 terceros países desde que comenzó esta política y aunque México ha recibido a una parte importante, también se han registrado traslados a países de África y otras regiones.

Recordemos que el enfrentamiento judicial comenzó en mayo de 2025, cuando las autoridades migratorias trasladaron a ocho personas, procedentes de países como Myanmar, Vietnam y Cuba, en un vuelo que tenía como destino Sudán del Sur.

Sin embargo, el juez federal Brian Murphy, de Massachusetts, consideró que el traslado incumplía una orden que él mismo había emitido semanas antes y que obligaba al gobierno a informar a los inmigrantes, antes de enviarlos a un tercer país, que podían expresar si temían ser perseguidos o torturados allí, como consecuencia, las autoridades desviaron el avión hacia una base naval estadounidense en Yibuti, donde los deportados permanecieron temporalmente en contenedores marítimos adaptados como alojamiento, mientras sus abogados intentaban obtener información sobre su situación.

El caso de estos ocho inmigrantes se convirtió así en uno de los primeros choques entre la política de deportaciones a terceros países de la administración Trump y las órdenes de los tribunales federales.

Uno de los mayores obstáculos que han enfrentado los gobiernos anteriores es el intento de deportar a migrantes a sus países de origen, los cuales se negaban a recibirlos por diversas razones, incluidas las tensas relaciones con Estados Unidos. La respuesta de Trump a ese problema fue deportar a dichos migrantes a otro país, incluso si el migrante no tenía vínculos con el destino.

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Trump busca que los vuelos a terceros países continúen

La administración sostiene que las restricciones impuestas por medio de los litigios judiciales dificultan la ejecución de órdenes de deportación por lo que pidió a la Corte Suprema suspenderlas mientras continúa la disputa legal.

El gobierno argumenta que los terceros países son una alternativa necesaria cuando una persona no puede ser devuelta a su país de origen y que las nuevas exigencias judiciales pueden retrasar las expulsiones, y aunque la solicitud fue presentada el 24 de septiembre, la Corte Suprema todavía debe decidir si concede la petición.

Mientras tanto, la disputa continúa. Para los inmigrantes que tienen una orden final de deportación y podrían ser enviados a un país diferente al suyo, el punto clave será saber qué información deben recibir antes del traslado y qué oportunidad tendrán para advertir si consideran que estarían en peligro.

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