Corte Suprema revisará política de detención migratoria sin audiencia de fianza implementada por gobierno Trump
La Corte Suprema de Justicia aceptó el pasado 1 de octubre revisar el caso Rhoney v. Barbosa da Cunha, sobre la política del gobierno que busca someter a determinados inmigrantes a detención obligatoria sin audiencia de fianza durante sus procesos de deportación.
El caso se da después de que tribunales federales de apelaciones llegaran a conclusiones diferentes sobre la interpretación de la ley de detención.
Dos disposiciones de la ley, dos consecuencias diferentes
La discusión gira, principalmente, en torno a dos disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). La primera establece un régimen de detención obligatoria para determinadas personas consideradas solicitantes de admisión; la segunda contempla, en determinadas circunstancias, la posibilidad de una audiencia de fianza durante el proceso de deportación.
Este conflicto llega a la Corte Suprema porque los tribunales federales de apelaciones están divididos sobre cuál de las dos debe aplicarse a inmigrantes que están dentro del país pero que nunca fueron formalmente admitidos.
La primera está relacionada con la inspección y el tratamiento de personas consideradas solicitantes de admisión. La INA establece que, cuando un solicitante de admisión no demuestra claramente que tiene derecho a ser admitido, debe permanecer detenido mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.
Por su parte, la segunda regula la detención de personas mientras el gobierno decide si serán removidas y que permite al gobierno detener a la persona, pero también contempla la posibilidad de liberarla bajo fianza o parole, salvo que otra normativa establezca detención obligatoria.
Hay una gran diferencia entre ambas. Bajo la interpretación de la ley 1225, la detención es obligatoria y no existe una audiencia de fianza ante un juez de inmigración. Mientras que bajo la 1226, existe un régimen de detención discrecional que puede permitir una audiencia de fianza.
La disputa podría definir si personas que llevan años viviendo en Estados Unidos pueden ser detenidas por ICE y quedar fuera del alcance de una audiencia ante un juez de inmigración.
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El caso Ricardo Barbosa da Cunha
El caso tiene como protagonista a Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un ciudadano brasileño que, de acuerdo con la decisión del Segundo Circuito, entró a Estados Unidos sin autorización formal hace más de dos décadas y permaneció en el país desde entonces.
En septiembre de 2025 fue detenido por agentes de inmigración. El gobierno sostuvo que su detención estaba regida por la ley 1225 y que, por lo tanto, debía permanecer privado de su libertad sin una audiencia de fianza.
Barbosa da Cunha cuestionó esa interpretación. Los tribunales inferiores determinaron que su detención debía regirse por la 1226). Como consecuencia, se ordenó que recibiera una audiencia de fianza o que fuera liberado.
Un juez de inmigración posteriormente celebró la audiencia y, según los documentos del caso, determinó que Barbosa da Cunha no representaba un riesgo de fuga ni un peligro para personas o bienes y ordenó su liberación bajo fianza.
Los tribunales federales están divididos
Esta es una de las razones principales por las que el caso llegó a la Corte Suprema.
El Segundo, Sexto y Undécimo Circuitos han rechazado la interpretación del gobierno en casos que involucran a inmigrantes que ya estaban dentro del país.
También se han sumado decisiones en otros circuitos que han interpretado que la 1226 gobierna la detención de determinados inmigrantes que llevan tiempo dentro de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, el Quinto y Octavo Circuitos han respaldado la interpretación gubernamental de que la 1225 puede imponer detención obligatoria a personas que están presentes en Estados Unidos sin haber sido admitidas.
Por eso, la decisión de la Corte Suprema será fundamental y tendrá un alcance nacional porque establecerá cómo deben interactuar estas dos disposiciones de la ley federal.
La importancia de la audiencia de fianza
Cuando una persona puede solicitar una audiencia bajo el régimen correspondiente, un juez de inmigración evalúa circunstancias relacionadas con su custodia y determina si corresponde establecer una fianza o disponer otra forma de liberación.
Pero si la persona queda clasificada bajo el régimen de detención obligatoria, esa audiencia ordinaria de fianza no está disponible. En otras palabras, la clasificación jurídica puede determinar si un inmigrante tiene una oportunidad de pedir su libertad ante un juezmientras continúa su proceso de deportación.
Eso convierte una discusión técnica sobre dos artículos de la ley en una decisión con consecuencias directas sobre la libertad de los inmigrantes.
Las audiencias de fianza también han caído
Los datos de TRAC muestran que, hasta febrero de 2026, los jueces de inmigración habían realizado 28,951 audiencias de fianza y concedido solamente 8,050 casos. Lo que representa aproximadamente un 27.8 % de concesiones. Es decir, la mayoría de las registradas en ese periodo no terminaron con una orden de fianza.
La decisión será trascendental para miles de inmigrantes que viven hace décadas en Estados Unidos, porque podría establecer una regla nacional sobre una pregunta que hoy divide a los tribunales federales y afecta directamente a quienes están o son detenidos por ICE.
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