24 estados contra Trump por el uso de datos de ayudas públicas
Una coalición de 24 estados y el Distrito de Columbia presentó una demanda contra la administración de Donald Trump para intentar detener una política federal que permitiría compartir datos personales de millones de beneficiarios de ayudas sociales con otras agencias del gobierno, incluido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La disputa está relacionada con el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, conocido como TANF, una ayuda que distribuye alrededor de 16,500 millones de dólares al año a estados, el Distrito de Columbia y gobiernos tribales. Los demandantes buscan impedir que la agencia federal encargada del programa implemente una regla que permitiría compartir información como el estatus migratorio de los beneficiarios, sus números de Seguro Social y otros datos personales con distintas entidades gubernamentales e incluso privadas.
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Según lo manifestaron los demandantes, esta medida cambiaría la forma en la que se maneja la información recopilada por los programas de asistencia pública, pues argumentan que los datos entregados por las personas para acceder a estos beneficios deberían utilizarse únicamente para determinar su elegibilidad y administrar las ayudas, no para apoyar procesos relacionados con inmigración.
Entre las principales preocupaciones de los demandantes está que la política pueda generar temor entre las familias que necesitan estos programas y señalan que algunas personas podrían dejar de solicitar ayudas económicas por miedo a que su información personal sea compartida con autoridades migratorias.
La preocupación también alcanza a familias con integrantes que tienen diferentes situaciones migratorias, ya que en muchos hogares hay ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y personas con otros estatus migratorios, por lo que los estados advierten que el intercambio de información podría afectar a familias completas.
La administración Trump, por su parte, defiende la medida y sostiene que el intercambio de datos busca mejorar la supervisión de los programas públicos, verificar que los beneficios sean entregados correctamente y fortalecer la coordinación entre agencias federales.
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El gobierno federal argumenta que contar con mayor acceso a información puede ayudar a detectar posibles irregularidades y garantizar que los recursos públicos sean utilizados de acuerdo con las reglas establecidas, sin embargo, los estados demandantes consideran que la nueva política amplía el uso de datos personales más allá del propósito original para el que fueron recopilados.
La demanda fue presentada ante un tribunal federal en Washington y ahora será un juez quien determine si la administración federal puede avanzar con esta política y el proceso podría definir hasta dónde puede llegar el gobierno en el uso de información obtenida a través de programas de asistencia social.
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