Juez federal acusa a la Casa Blanca de ‘terrorismo’ contra inmigrantes en EE. UU.
Un juez federal ha acusado a la administración de aterrorizar a los inmigrantes y de violar la ley de “manera imprudente” en sus esfuerzos por deportar a millones de personas.
La jueza Sunshine Sykes señaló que la Casa Blanca también había “extendido su violencia contra sus propios ciudadanos”, citando los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti en enero por agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza, ambos ciudadanos estadounidenses que participaban en protestas en Minneapolis.
Sykes advirtió que las amenazas del poder ejecutivo no pueden considerarse de forma aislada, sino que reflejan un patrón de violaciones de derechos legales y procedimientos judiciales.
La jueza determinó que la administración había ignorado un fallo de diciembre, que reconocía el derecho de muchos inmigrantes detenidos a audiencias de liberación, en medio de niveles récord de detenciones bajo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Como resultado, ordenó al DHS informar a los detenidos sobre su posible elegibilidad para fianza y garantizar acceso a un teléfono para contactar abogados dentro de la primera hora de detención.
Sykes también anuló un fallo de septiembre de un tribunal de inmigración que la administración utilizaba para mantener la detención obligatoria de personas sospechosas de estar en EE. UU. de manera irregular.
Según los datos citados por The Guardian, desde la llegada de Trump más de 20,000 inmigrantes han presentado recursos de habeas corpus solicitando su liberación y muchos de ellos han sido concedidos, pero la administración ha incumplido repetidamente las órdenes judiciales.
La jueza sostuvo que negar el debido proceso perjudica a las familias, comunidades y al “tejido mismo de la nación” por lo que cuestionó la justificación de la administración de que estas acciones solo buscaban detener a criminales peligrosos, cuando la mayoría de los arrestados no encajaban en esa categoría.
En medio de este panorama, el Departamento de Seguridad (DHS, por sus siglas en inglés) emitió un memorando interno que ordena a las autoridades migratorias arrestar y detener a refugiados que entraron legalmente a Estados Unidos, pero no han obtenido la residencia permanente (green card) después de un año de estar en el país. Anteriormente, el simple hecho de no haber solicitado la tarjeta verde no era motivo para detener a refugiados que ya estaban en el país legalmente.
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