Arrestos sin causa probable en el sur de California se deben detener: Así lo ordenó jueza al gobierno Trump
En un nuevo revés para la política migratoria del gobierno Trump, una jueza federal de distrito ordenó parar los arrestos sin “sospecha probable” en el sur de California. Además, instó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a desarrollar políticas para que los agentes determinen una “sospecha razonable” sin basarse en la raza, etnia, idioma o acento de una persona, o por estar en un lugar determinado como una parada de autobuses.
El fallo de la jueza federal de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong, se produce después de que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) del Sur de California presentara una demanda en contra del gobierno Trump a nombre de cinco personas y diversos grupos de defensa de inmigrantes, denunciando que ICE ha llevado a cabo arrestos inconstitucionales.
La jueza afirmó que la administración no proporcionó información sobre las bases de los arrestos. Esta orden también cobija temporalmente al FBI y al Departamento de Justicia, quienes también son mencionados en la denuncia.
Como respuesta a esta medida, que aplica únicamente a la jurisdicción de siete condados del Distrito Central de California, que incluye Los Ángeles y las áreas circundantes, el gobierno Trump solicitó a una corte federal de apelaciones pausar la decisión.
El Departamento de Justicia solicitó al tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de EE. UU. suspender la orden de Frimpong mientras se impugnan ante la corte de apelaciones.
El Gobierno Trump dijo en su argumentación de emergencia que la jueza se había extralimitado en su fallo, acusándola de una “toma judicial” de la política del poder ejecutivo.
Entre los argumentos de los abogados de la entidad se destaca lo que para ellos es la insostenibilidad jurídica que existe ya que una jueza de distrito no puede ‘reestructurar por sí sola las operaciones’ de la aplicación federal de las leyes migratorias y usurpar la ‘supervisión judicial continua de una agencia supervisada por el poder ejecutivo’.
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