¿Tribunales pueden frenar ordenes de Trump sobre ciudadanía por nacimiento?
La pregunta que debe responder la Corte Suprema de EE. UU.
La Corte Suprema de Estados Unidos inició este 15 de mayo una audiencia clave sobre la constitucionalidad de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados. Aunque el contenido de la medida ya ha generado controversia, el verdadero corazón del debate legal se centra en algo más profundo: ¿tienen los tribunales estatales la autoridad para bloquear una orden presidencial como esta?
La orden, firmada por Trump el 20 de enero tras su regreso a la Casa Blanca, fue suspendida por jueces federales en al menos tres estados. Ahora, la Corte Suprema evalúa si esas decisiones judiciales son legítimas o no. Varios jueces conservadores se mostraron dispuestos a respaldar la postura de Trump, quien asegura que los tribunales no deberían poder frenar sus decretos a nivel nacional sin una orden del Congreso.
Este debate va más allá de la inmigración: pone en juego el equilibrio de poderes y el funcionamiento mismo de la democracia en Estados Unidos. Si la Corte decide que los tribunales no pueden frenar órdenes ejecutivas, se debilitaría uno de los principales contrapesos al poder presidencial. Por otro lado, si ratifica que los jueces sí tienen esa capacidad, estaría reforzando el papel del poder judicial como garante de los derechos constitucionales.
Justamente, el derecho a obtener la ciudadanía al nacer está establecido en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución desde 1868. Sin embargo, el gobierno de Trump sostiene que esta norma no debería aplicar a hijos de personas sin estatus legal, basándose en una interpretación de la frase “sujetos a su jurisdicción”. Se estima que, de aplicarse la medida, podría afectar a unos 150.000 bebés que nacen cada año en Estados Unidos.
A esto se suma que, organizaciones defensoras de derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y 22 estados, han presentado demandas para frenar la medida, al considerarla inconstitucional. Por su parte, grupos conservadores y antiinmigración apoyan la propuesta, argumentando que busca frenar abusos en el sistema migratorio.
La decisión de la Corte Suprema podría cambiar profundamente la interpretación de la Enmienda 14 y marcar un precedente sobre los límites del poder presidencial en temas de inmigración y ciudadanía. De avanzar, también abriría una etapa de inestabilidad legal para miles de familias y sus hijos nacidos en territorio estadounidense.
Si quieres conocer más acerca de esta noticia, puedes consultarla haciendo clic en los siguientes links:
