Gobierno Trump entregaría datos de beneficiarios de Medicaid a ICE: más de 4 millones de inmigrantes indocumentados en riesgo
La administración Trump acordó compartir con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) los datos personales de más de 79 millones de beneficiarios del programa Medicaid. El acuerdo, firmado entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS por sus siglas en inglés), permitiría a agentes migratorios acceder a información sensible como nombres, direcciones, fechas de nacimiento, etnia e incluso números de Seguro Social.
Y es que aunque los inmigrantes indocumentados no pueden acceder a Medicaid en su forma regular, sí lo hacen a través del Medicaid de emergencia, lo que les permite recibir atención solo en situaciones graves: partos, accidentes, cirugías urgentes o eventos que pongan en riesgo la vida. Lo preocupante es que al menos 4.470.000 indocumentados que utilizan este servicio ahora podrían ser identificados y deportados si ICE accede a estos registros.
El gobierno justifica la medida como un intento por “prevenir fraudes y errores administrativos”, pero organizaciones como la ACLU, Human Rights First y asociaciones médicas han señalado que se trata de una violación a la privacidad médica y un uso indebido de información confidencial.
La reacción legal no se hizo esperar: al menos 20 estados, liderados por gobernadores demócratas, han interpuesto demandas contra el acuerdo, afirmando que rompe leyes federales de confidencialidad sanitaria. Además, se ha solicitado una revisión judicial urgente antes del 9 de septiembre, fecha límite hasta la cual ICE tendría acceso parcial a la base de datos, bajo restricciones horarias y de consulta.
En paralelo, se han desatado protestas masivas en todo el país. Bajo el lema “Good Trouble Lives On”, miles de personas se manifestaron en más de 1.600 puntos, incluyendo Los Ángeles, Chicago, Atlanta, Oakland, St. Louis y Nueva York. Activistas denunciaron que se está usando la salud como arma política y pidieron que no se criminalice a quienes acuden a hospitales por razones humanitarias. En Los Ángeles, incluso, se logró la retirada de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional tras la presión ciudadana.
Las movilizaciones también han tenido un fuerte componente simbólico. Muchos manifestantes retomaron el legado del congresista John Lewis y del movimiento de derechos civiles de los años 60. Figuras médicas, religiosas y académicas se han unido en defensa del principio de que “nadie debería morir o sufrir por miedo a ser deportado”. Médicos en hospitales comunitarios afirman que ya se están viendo cancelaciones de citas por temor a ICE.
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