¿Qué ha pasado en materia de deportaciones e inmigración en estos 3 meses del gobierno Trump?

En sus primeros 100 días de segundo mandato, el presidente Trump ha implementado una serie de medidas migratorias que han generado controversia y desafíos legales. Estas acciones incluyen la invocación de leyes históricas, acuerdos internacionales y una intensificación en las deportaciones.

Una de sus primeras medidas fue declarar la emergencia nacional en la frontera Sur de Estados Unidos y dar vía libre para que las autoridades federales de inmigración pudieran llevar a cabo redadas en iglesias, escuelas y sus alrededores.

En otra decisión bastante polémica, buscó, a través de un decreto, poner fin a la ciudadanía por nacimiento en EE. UU., derecho garantizado a través de la Enmienda 14 de la Constitución del país, que la otorga a cualquier persona nacida en territorio estadounidense. La Corte Suprema sigue analizando esta normativa, sin dar un fallo definitivo.

CBP Home, auto deportación y revocación de estatus legal

Más de 936 mil personas llegaron a utilizar la aplicación fronteriza CBP One para programar citas y presentarse en los puertos de entrada. En enero pasado, el Gobierno Trump desactivó la aplicación, sin embargo, semanas después la habilitó como una plataforma con objetivos completamente diferentes a los definidos en la administración Biden.

A propósito de este tema, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) la convirtió en CBP Home, una aplicación en la que los migrantes pueden informar su intención de “auto deportarse”.

Fin del “parole humanitario”

A partir del 24 de abril, cerca de 500.000 migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela enfrentan la posibilidad de deportación tras la cancelación del programa de permiso humanitario temporal, también conocido como “parole in place”. Esta medida, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en enero, marca el fin gradual del programa, implementado durante la administración de Joe Biden como una vía para que personas provenientes de países con altos niveles de violencia e inestabilidad puedan vivir y trabajar temporalmente en los Estados Unidos.

Organizaciones defensoras de migrantes han criticado la medida por dejar a miles de personas en situación de vulnerabilidad, mientras que el gobierno sostiene que se busca restablecer un uso más restrictivo y legalmente fundamentado del parole humanitario.

Esta medida aún sigue congelada por una demanda impuesta ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia (DC) por parte de La Red UndocuBlack (UBN), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y CASA, de Maryland, con la representación legal del Centro de Acción por la Justicia (Justice Action Center).

Vuelos de deportaciones

Trump ha actuado en línea con su promesa de campaña de deportar a miles de inmigrantes indocumentados que residen en EE. UU. Ha utilizado vuelos militares y civiles para devolver a estas personas a sus países de origen u otras naciones con las que ha llegado a acuerdos.

A la fecha, se contabilizan 143 vuelos de deportación desde Estados Unidos, desde que Trump tomó posesión, hasta el 20 de febrero, número que solo supera por tres vuelos al mismo periodo del gobierno Biden.

Deportaciones a El Salvador

238 venezolanos fueron deportados en marzo de 2025 a El Salvador, por pertenecer, supuestamente, al Tren de Aragua, estos ciudadanos permanecen recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) como parte de un acuerdo vigente con Washington.

El Gobierno de Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las expulsiones pese a un fallo judicial que detenía la medida.

Adicionalmente, en los últimos días, el gobierno Trump firmó una orden ejecutiva para seguir presionando a las ciudades santuario con la narrativa de perder fondos federales y enfrentar acciones legales por blindar, de cierta manera, a los inmigrantes y no cooperar con las autoridades migratorias federales.

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