Congreso financia parcialmente al DHS y mantiene vivo el debate migratorio en EE. UU.
El Congreso de Estados Unidos aprobó esta semana un paquete de presupuesto que puso fin a un breve cierre parcial del gobierno, pero dejó sin resolver la financiación completa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la cual podría ser negociada en las próximas semanas.
La Cámara de Representantes y el Senado votaron para reabrir la mayoría de las agencias federales hasta el final del año fiscal en septiembre, mientras que destinó fondos al DHS solo por un periodo limitado de dos semanas más.
Recordemos que el DHS es la agencia que supervisa a entidades como la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que convierte su financiación en un punto central.
La decisión de separar el financiamiento de esta agencia del resto del presupuesto es un reflejo de la división que existe entre demócratas y republicanos sobre políticas migratorias y cómo deben manejarse las operaciones de estas agencias.
Por su parte, los legisladores demócratas han exigido que cualquier financiamiento adicional al DHS esté acompañado de nuevas reglas que limiten ciertas prácticas de control migratorio, como la obligación de que agentes y oficiales porten cámaras corporales durante operativos, debate que ha ganado fuerza tras incidentes recientes en los que agentes federales estuvieron involucrados en tiroteos durante operativos en Minneapolis, lo que ha aumentado la presión pública y política para reforzar supervisión y transparencia.
Mientras tanto, los congresistas tienen como nuevo plazo el 13 de febrero para acordar cómo se financiará de forma más amplia al Departamento de Seguridad Nacional, antes de que vuelva a vencer la extensión presupuestaria temporal.
Cabe recordar que aunque el DHS solo cuente por ahora con una financiación parcial, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dispone de fondos suficientes para continuar operando con normalidad, gracias a la llamada Ley One Big Beautiful Bill, que, desde el 2025, asignó 45,000 millones de dólares para su funcionamiento, lo que le permite continuar, de manera continua, las redadas en todo el país.
La situación deja claro que, aunque se consiguió evitar un cierre más prolongado del gobierno, las disputas sobre la política migratoria y el papel de agencias como ICE y CBP siguen sin resolverse en el Congreso estadounidense.
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