Entra en vigor nueva protección para trabajadores inmigrantes en el estado de Washington: qué cambia desde el 1 de octubre y cómo puede beneficiarte
La Ley de Protección de Trabajadores Inmigrantes entra en vigor el próximo 1 de octubre, después de que el gobernador Bob Ferguson promulgara la ley el 30 de marzo de 2026. La norma obliga a las empresas a informar a sus trabajadores cuando el gobierno federal inspeccione formularios I-9 y establece nuevas protecciones frente a represalias.
No se trata de una “ley que protege al inmigrante de ICE”, sino de una normativa que obliga al empleador a avisar, entregar información y permitir al trabajador responder ante determinadas inspecciones federales.
El pasado 1 de septiembre, la oficina del fiscal general de Washington publicó los materiales que deberán utilizar los empleadores, incluidos avisos modelo y un cartel obligatorio para los lugares de trabajo. Dichos materiales están disponibles, en diferentes idiomas, incluido el español.
¿Qué cambia para los trabajadores inmigrantes?
El cambio fundamental es que si, por ejemplo, el gobierno federal inicia una inspección de los formularios I-9 de una empresa, los trabajadores ya no deberán enterarse únicamente por su empleador de manera informal o después de que el proceso haya avanzado. La ley crea una obligación estatal de notificación.
A partir del 1 de octubre, cuando un empleador de Washington reciba un aviso de inspección de formularios I-9 y registros relacionados por parte de una agencia federal, deberá informarlo a los trabajadores durante los próximos cinco días hábiles.
La comunicación tiene que incluir una copia de la notificación federal y explicar, entre otros datos:
- qué agencia realizará la inspección;
- cuándo recibió el empleador el aviso;
- qué registros están siendo solicitados y cuál es el propósito de la inspección, en la medida en que el empleador lo conozca;
- información de contacto de una organización estatal que proporcione información y defensa de los derechos de inmigrantes y refugiados.
Además, la información deberá proporcionarse en inglés y en los cinco idiomas más utilizados en Washington. Ya fueron publicados los modelos en español, mandarín simplificado, ruso, ucraniano y vietnamita.
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¿Y qué pasa si la inspección encuentra problemas en el I-9?
Si una inspección federal determina que existe algún problema relacionado con el formulario I-9 o con los documentos de autorización de empleo de un trabajador, el empleador tendrá cinco días hábiles desde que reciba los resultados para entregar al trabajador afectado la información correspondiente.
El empleado tendrá que recibir una copia de los resultados relacionados con su caso y una explicación en el idioma que utiliza habitualmente para comunicarse con quien lo contrata.
La ley también establece que el trabajador tiene derecho a contar con representación durante esa reunión. Esto es importante porque una deficiencia detectada en un I-9 no necesariamente significa que sea una persona sin autorización para desarrollar su labor en la organización.
En otras palabras, la nueva norma busca que el empleado tenga acceso a la información que puede afectar su situación laboral y al mismo tiempo pueda responder dentro del plazo correspondiente.
La ley no se limita a obligar al empleador a entregar información
La normativa establece que un empleador no puede interferir, restringir o negar los derechos otorgados por la norma. Tampoco puede tomar represalias contra un trabajador por ejercer esos derechos.
La ley menciona, como posibles acciones adversas:
- despedir o suspender al trabajador;
- degradarlo o negarle una promoción;
- reducir sus horas;
- modificar su horario;
- reducir su salario;
- retrasar o negar determinados pagos;
- o amenazar con tomar medidas basándose en el estatus migratorio del trabajador o de un familiar.
Esto crea una protección más relevante para trabajadores que pueden sentirse presionados a guardar silencio frente a una inspección migratoria o laboral.
¿Qué pasa si agentes federales llegan al lugar de trabajo?
La ley también ordena al fiscal general proporcionar orientación a los empleadores sobre sus derechos cuando agentes federales llegan a sus instalaciones o soliciten información de trabajadores.
Entre los materiales publicados por la oficina estatal se encuentra precisamente una guía sobre sus derechos respecto al acceso de agentes migratorios a espacios privados del lugar de trabajo y determinados registros de empleados.
Esto significa que la nueva ley no solamente establece obligaciones para las empresas. También le da herramientas para entender qué pueden y qué deben hacer cuando reciben una solicitud de autoridades federales.
¿Qué ocurre si una empresa no cumple?
Si una empresa se niega a cumplir o desconoce la nueva ley, La fiscalía general estatal puede investigar posibles violaciones, incluso por iniciativa propia o a partir de denuncias. Adicionalmente, puede solicitar documentos y testimonios durante una investigación y llevar acciones legales en nombre del estado.
Para determinadas violaciones relacionadas con las notificaciones, la ley contempla $500 dólares en daños estatutarios por cada instancia en la que un trabajador no reciba el aviso requerido. Si el tribunal determina que la violación fue deliberada, esa cantidad puede duplicarse.
Además, un trabajador, extrabajador o persona afectada por una violación puede presentar una acción privada ante un tribunal superior para intentar detener nuevas violaciones y reclamar daños, además de honorarios y costos legales cuando correspondan.
La ley establece que si se determina una violación, los daños pueden llegar a ser equivalentes a 40 veces el salario mínimo estatal por trabajador, dependiendo de cuál resulte aplicable bajo la norma.
El principal cambio es que el trabajador tendrá acceso a información que antes podía quedar solamente en manos del empleador durante una inspección de los registros laborales.
Para un inmigrante, la medida tiene gran significado pues va a tener la capacidad de actuar a tiempo con conocimiento oportuno de su caso y, si aparece una anomalía, conocer qué fue lo que se encontró y cuál es el plazo para intentar corregirla.
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