Congreso de EE. UU. aprueba impuesto a remesas y recortes a programas sociales que afectan a miles de migrantes
El Congreso de Estados Unidos aprobó, este jueves 3 de julio, el ambicioso plan fiscal impulsado por Donald Trump, denominado Big Beautiful Bill o Ley grande y hermosa.
Este plan contempla recortes fiscales masivos (por unos 4 billones de dólares en diez años), aumentos en el gasto militar y el fortalecimiento de las deportaciones y del sistema de defensa de misiles, a cambio de recortes en programas sociales como Medicaid.
En cuanto a las remesas, el paquete incluye un impuesto sobre los envíos realizados por no ciudadanos. El Senado lo aprobó inicialmente con un 3,5%, tras reducir la propuesta del 5 %. Sin embargo, en la Cámara de Representantes se rebajó aún más, quedando en un 1%, aplicable a envíos en efectivo o cheques y excluyendo los realizados desde bancos, cooperativas o con tarjetas norteamericanas. Ahora esta ley queda en manos del presidente Trump, quien deberá sancionarla para que entre en vigencia.
Vale la pena tener en cuenta que el impuesto a las remesas entraría en vigor el 1 de enero de 2026. En respuesta, el gobierno mexicano anunció que reembolsará el 1% a los migrantes que las envíen a través de Finabien. Además, se espera que grandes flujos de remesas migren hacia canales informales (criptomonedas, entre otras) debido al sobrecosto.
Paralelamente, se contemplan recortes a programas esenciales para la población migrante como asistencia alimentaria (SNAP por sus siglas en inglés) por cerca de 3.2 millones de dólares, subsidios para vivienda y cobertura médica para personas de bajos recursos. Estos recortes afectarán particularmente a familias con hijos ciudadanos, muchas de las cuales dependen de estas ayudas para vivir con dignidad.
Lo que viene en materia de política migratoria
El “Gran y hermoso” proyecto de ley presupuestario de Trump radicaliza aún más la política migratoria. Este nuevo plan fiscal contempla medidas que impactan de manera directa a la comunidad migrante, tanto documentada como indocumentada.
Uno de los puntos álgidos es la priorización del gasto en detenciones migratorias, así como la construcción de centros de detención y el fortalecimiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
Son cerca de 350.000 millones de dólares los que se inyectarán a la seguridad fronteriza y nacional incluyendo deportaciones, parte de la cual se pagaría con nuevos aranceles cobrados a los inmigrantes.
Este rubro incluye ampliar la capacidad de detención en cárceles, incrementar los operativos de ICE con más agentes en el terreno y sumar la colaboración de funcionarios locales en las comunidades. También busca contratar más abogados que representen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en tribunales de inmigración, así como más jueces que aceleren las decisiones migratorias.
Otros gastos destinados a seguridad incluyen 46.000 millones de dólares para ampliar el muro en la frontera con México y 45.000 millones para pagar hasta 100.000 camas en centros donde retienen a inmigrantes. También se planea contratar a 10.000 nuevos agentes de ICE, quienes recibirán un bono de 10.000 dólares al comenzar, y aumentar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza. La Casa Blanca dijo que su meta es deportar a un millón de personas cada año.
Además, el Departamento de Seguridad Nacional tendría a su disposición 10.000 millones de dólares para entregar a los estados que cooperen con las acciones migratorias del gobierno federal.
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