Juez frena política que enviaba a jóvenes migrantes a centros para adultos

Juez frena política que enviaba a jóvenes migrantes a centros para adultos

Un juez federal de distrito emitió esta semana una orden que detiene de forma inmediata la práctica del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de transferir automáticamente a menores migrantes no acompañados a centros de detención para adultos en el momento en que cumplen 18 años. La medida, que estaba vigente desde 2019, había sido duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos, defensores de la niñez y legisladores, quienes denunciaban que ponía a los jóvenes en entornos peligrosos, sin acceso a apoyo psicológico ni asesoría legal adecuada.

La orden judicial, emitida en el Distrito Central de California, responde a una demanda colectiva presentada por la National Immigrant Justice Center (NIJC) y otras organizaciones, que argumentaron que la política del ICE violaba leyes federales y tratados internacionales sobre protección infantil. Según el fallo, la agencia no podrá continuar realizando estas transferencias de forma automática, y deberá justificar caso por caso la necesidad de mantener al joven en custodia, demostrando que representa un riesgo real para la seguridad o que no existe alternativa viable.

El juez sostuvo que la práctica del ICE carecía de base legal y que la agencia “había fallado sistemáticamente en evaluar las circunstancias individuales de los jóvenes”, ignorando factores como su historial educativo, su participación en programas comunitarios o la existencia de familiares o patrocinadores dispuestos a recibirlos.

La decisión obliga además al ICE y a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) a coordinarse de manera más estrecha para garantizar que los jóvenes que salen de refugios infantiles tengan acceso a recursos de transición y acompañamiento. El juez ordenó la creación de un protocolo de revisión trimestral y de informes públicos sobre las transferencias que se autoricen, con el fin de garantizar transparencia y supervisión judicial continua.

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