Propuesta de impuesto a remesas en EE. UU. amenaza la economía de familias latinoamericanas
Una nueva propuesta fiscal impulsada por congresistas republicanos en Estados Unidos busca imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas al extranjero. La medida afectaría principalmente a migrantes que residan de manera indocumentada, tengan visa de trabajo, estén amparados con cualquier beneficio migratorio o posean una Green Card.
Justamente, en países como México esta medida tendría una afectación directa. De acuerdo con datos del Banco de México, en 2024 ese país recibió un récord histórico de remesas por un total de 64.745 millones de dólares, esta cifra representa un incremento del 2,25% en comparación con el año anterior y consolida la importancia de estos envíos como una fuente clave de ingreso para millones de familias. A esto se suma que, la mayor parte de las remesas provienen de Estados Unidos, país en el que residen más de 20 millones de personas de origen mexicano.
De acuerdo con el Banco Mundial, en 2024 los cinco principales receptores de remesas a nivel global fueron India, México, China, Filipinas y Pakistán. En ese mismo periodo, América Latina y el Caribe captaron un total de 160.900 millones de dólares en remesas, provenientes, en su mayoría, de migrantes radicados en Estados Unidos; lo que refleja que estos flujos de dinero representan un pilar económico fundamental para países de la región, donde las remesas son clave para el sustento familiar.
Adicionalmente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto debatir el proyecto de ley “Inversión en Seguridad Fronteriza”, el cual propone imponer un impuesto del 37% a las remesas enviadas a estos cinco países (India, México, China, Filipinas y Pakistán), que tienen altos índices de ingreso irregular al territorio estadounidense. De aprobarse la iniciativa, el impacto alcanzaría a más de 40 millones de personas, entre remitentes y familias receptoras que dependen de estos recursos para su subsistencia.
Especialistas coinciden en que, de concretarse esta medida, el impacto será significativo, ya que representaría una amenaza que llevaría a desestabilizar la vida cotidiana de millones de familias que dependen del dinero enviado desde el extranjero para alimentación, salud, educación y vivienda. Organismos de derechos humanos y líderes comunitarios ya se preparan para rechazar la iniciativa en los tribunales y en el Congreso.
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