¿Puede el gobierno limitar el acceso al asilo en la frontera? Corte Suprema revisa hasta dónde llega la autoridad en esta materia
La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que evaluará hasta dónde llega la autoridad del gobierno federal para restringir el acceso al asilo en la frontera Sur, una decisión que podría redefinir el sistema migratorio en los próximos años. El caso, que llega al alto tribunal en un momento de fuertes tensiones políticas por el control fronterizo, pone bajo la lupa las medidas adoptadas por la administración de Trump para gestionar los cruces irregulares y reducir la presión sobre las agencias migratorias.
¿Qué estudiará la Corte?
Si el gobierno Trump puede implementar límites más estrictos en relación con las personas que presentan la solicitud en la frontera, incluyendo estándares más altos de “miedo creíble”, restricciones a las solicitudes presentadas entre puertos de entrada y reglas que condicionan la elegibilidad sin necesidad de una autorización explícita del Congreso.
El alto tribunal acordó en los últimos días que escuchará los argumentos de la administración. En el primer semestre del año 2026 podría darse una decisión.
La demanda inicial contra esta política fue conocida en 2017, en California, y estuvo liderada por solicitantes de asilo y la organización proinmigrante Al Otro Lado. La decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, en San Francisco, ratificó en 2024 la ilegalidad del ‘metering’ argumentando que los agentes fronterizos debían inspeccionar a todos los inmigrantes que “llegaran” por puntos autorizados de la frontera Sur, incluso si no habían cruzado hacia Estados Unidos.
La decisión final de la Corte Suprema podría tener implicaciones profundas para el funcionamiento de la Patrulla Fronteriza y USCIS, hasta el volumen de casos en las cortes de inmigración y el alcance de las protecciones humanitarias en Estados Unidos. Esta discusión se da mientras el sistema ya supera los 3 millones de casos pendientes y enfrenta presiones políticas, humanitarias y logísticas sin precedentes.
Se espera que las organizaciones de defensa de los inmigrantes también presenten sus argumentos el año que viene ante el máximo tribunal.
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