El debate sobre la ciudadanía se extiende: ¿puede afectar también a hijos de ciudadanos con doble nacionalidad?
El debate sobre quién es ciudadano estadounidense por nacimiento vuelve a tomar fuerza, pero esta vez con un giro inesperado que ha encendido alarmas mucho más allá de la comunidad inmigrante. Durante décadas, la discusión se centró casi exclusivamente en los hijos de inmigrantes indocumentados o de personas con estatus migratorio temporal.
Sin embargo, la nueva interpretación que acaba de presentar el Departamento de Justicia (DOJ) abre la puerta a un escenario mucho más amplio y complejo, uno que podría incluir a hijos de ciudadanos estadounidenses, que también tienen otra nacionalidad. Esto implica que millones de familias que siempre se han entendido como protegidas plenamente por la Enmienda 14 ahora se preguntan si su situación podría complicarse.
El documento enviado por el DOJ a la Corte Suprema plantea una lectura distinta de la cláusula constitucional que establece que toda persona nacida en Estados Unidos, y “sujeta a su jurisdicción”, es ciudadana del país. Esa frase ha sido interpretada históricamente de manera amplia: si una persona nace en territorio estadounidense, queda bajo la jurisdicción de la ley estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres o del origen de su familia. Pero la nueva interpretación sugiere que “sujeta a su jurisdicción” podría exigir algo más que el simple hecho de haber nacido en el país y podría entenderse en términos de lealtad exclusiva hacia Estados Unidos.
Si se aceptara esa interpretación, nacer en Estados Unidos ya no sería suficiente para garantizar la ciudadanía automática. Bastaría que los padres del niño tuvieran otra nacionalidad, vínculos legales con otro país o incluso la posibilidad de transmitir ciudadanía extranjera por descendencia para que surgieran dudas sobre si ese hijo está “plenamente” bajo la jurisdicción estadounidense. En otras palabras, la ciudadanía por nacimiento quedaría condicionada no a un hecho objetivo y verificable, como el lugar de nacimiento, sino a un criterio subjetivo y potencialmente variable: la idea de lealtad o de ausencia de vínculos externos.
Implicaciones para millones de familias y un nuevo clima de incertidumbre
Este enfoque cambia por completo el alcance del debate. Lo que antes se interpretaba como una discusión sobre la situación migratoria de los padres ahora podría involucrar a familias que nunca imaginaron estar en el centro de esta conversación. Por ejemplo, ciudadanos estadounidenses nacidos en el país que también conservan la nacionalidad de sus padres por ascendencia, algo común en comunidades de origen mexicano, colombiano, canadiense o europeo, podrían preguntarse si la ciudadanía de sus hijos estaría blindada o si podría verse cuestionada bajo esta nueva lógica. Y no se trata de un grupo pequeño: en Estados Unidos, más de 40 millones de personas tienen doble nacionalidad o podrían obtenerla legalmente a través de su herencia familiar.
Aunque esta teoría legal todavía no ha sido adoptada oficialmente por ninguna agencia y la Corte Suprema ni siquiera ha aceptado analizar el caso, el hecho de que haya sido planteada formalmente por el DOJ es suficiente para despertar preocupación en sectores académicos, jurídicos y de derechos civiles.
Las implicaciones de avanzar en esta dirección serían profundas. Podrían surgir obstáculos en la expedición de pasaportes, dudas sobre la elegibilidad para beneficios federales, interrogantes sobre la validez de ciertos certificados de nacimiento y, en casos extremos, cuestionamientos sobre la ciudadanía de personas que siempre se han identificado como estadounidenses sin ninguna duda.
Qué significa hoy para las familias y por qué conviene estar atentos
Aunque por ahora no existen cambios legales ni administrativos y el debate está aún en desarrollo, mi recomendación para las familias de origen inmigrante y para quienes tienen doble nacionalidad es mantener en orden todos los documentos oficiales, evitar la desinformación en redes sociales y buscar asesoría únicamente con abogados de inmigración acreditados. La discusión apenas comienza, y aunque hoy no haya cambios concretos, es un tema que conviene seguir con atención en los próximos meses.
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