Redadas con rostro cubierto en California: DHS responde a nueva ley estatal
En medio de un clima de tensión creciente entre el gobierno federal y las autoridades estatales de California, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que sus agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) seguirán realizando redadas migratorias con el rostro cubierto, a pesar de una ley recientemente aprobada por el gobernador Gavin Newsom que buscaba prohibir esta práctica.
La medida estatal, bautizada como la “Ley de No a la Policía Secreta”, fue presentada por la administración de Newsom como una forma de aumentar la transparencia en la actuación de los agentes y evitar abusos durante los operativos. Sin embargo, desde Washington, la respuesta fue inmediata y contundente: el DHS calificó la iniciativa como inconstitucional y anunció que no acatará la prohibición, alegando que su aplicación pondría en grave riesgo la seguridad de los oficiales y sus familias.
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Redadas con rostro cubierto en California: DHS responde a nueva ley estatal
En medio de un clima de tensión creciente entre el gobierno federal y las autoridades estatales de California, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que sus agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) seguirán realizando redadas migratorias con el rostro cubierto, a pesar de una ley recientemente aprobada por el gobernador Gavin Newsom que buscaba prohibir esta práctica.
La medida estatal, bautizada como la “Ley de No a la Policía Secreta”, fue presentada por la administración de Newsom como una forma de aumentar la transparencia en la actuación de los agentes y evitar abusos durante los operativos. Sin embargo, desde Washington, la respuesta fue inmediata y contundente: el DHS calificó la iniciativa como inconstitucional y anunció que no acatará la prohibición, alegando que su aplicación pondría en grave riesgo la seguridad de los oficiales y sus familias.
Según cifras divulgadas por el propio DHS, en el último año las agresiones contra agentes de ICE se habrían incrementado en más de un 1000 %, incluyendo ataques con vehículos, amenazas directas y campañas de hostigamiento digital que exponen información personal de oficiales y de sus seres queridos. En ese contexto, el uso de máscaras y otras protecciones físicas se considera una medida preventiva necesaria para reducir la exposición de los agentes frente a cárteles, pandillas transnacionales como la MS-13 o el Tren de Aragua, y redes criminales organizadas con presencia en Estados Unidos.
En su comunicado oficial, el DHS subrayó que los agentes de ICE no operan de forma encubierta: durante las redadas portan chalecos y uniformes claramente identificados con las siglas ICE/ERO o Seguridad Nacional, y se movilizan en vehículos oficiales con distintivos del departamento. El objetivo de cubrir el rostro, señalaron, no es ocultar su identidad frente a la comunidad, sino protegerlos de la exposición pública y de posibles represalias violentas.
Por su parte, el gobernador Newsom defendió la nueva legislación como un paso necesario para reforzar la rendición de cuentas y evitar lo que su administración describe como un ambiente de miedo en las comunidades inmigrantes. Según organizaciones locales de derechos civiles, el uso de máscaras por parte de los agentes genera desconfianza, intimida a las familias y dificulta la supervisión de los operativos, que en muchas ocasiones ocurren en espacios residenciales y afectan a menores de edad.
La confrontación entre Sacramento y Washington pone de relieve una vez más las tensiones sobre la política migratoria en Estados Unidos. Mientras el gobierno federal insiste en que la prioridad es ejecutar la ley y aumentar la seguridad fronteriza e interior, California ha mantenido durante años un enfoque contrario, con políticas de “estado santuario” que limitan la colaboración de las autoridades locales con ICE. La aprobación de esta nueva ley se inscribe en esa dinámica de resistencia, aunque con un giro novedoso: busca regular directamente cómo actúan los agentes federales en territorio californiano.
El choque legal que se avecina podría abrir un nuevo capítulo en los tribunales. Expertos señalan que, al tratarse de agentes federales, el gobierno estatal tiene un margen muy limitado para imponer restricciones sobre su operación. La Constitución establece la supremacía de las leyes y reglamentos federales sobre los estatales en materia de aplicación de la ley de inmigración, lo que hace probable que la medida sea impugnada.
En los próximos meses, será clave observar cómo se desarrollan estas redadas en California y si el estado toma medidas adicionales para fiscalizar su cumplimiento. Mientras tanto, el DHS ha dejado claro su mensaje: los agentes seguirán actuando bajo sus propios protocolos de seguridad, sin renunciar a las máscaras que consideran indispensables para su protección personal.
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