Corte Suprema de Estados Unidos recorta poder de jueces federales y limita órdenes judiciales nacionales que frenaban medidas de administración Trump
La Corte Suprema de Estados Unidos falló en las últimas horas a favor del gobierno Trump para recortar el poder a los jueces federales y limitar así las órdenes judiciales nacionales que frenaban cautelarmente algunas de las órdenes ejecutivas emitidas por este Gobierno.
El alto tribunal, de mayoría conservadora, se pronunció sobre las mociones de emergencia presentadas por la administración, relacionada con la orden ejecutiva que busca acabar con la “Ciudadanía por Nacimiento”. Sin embargo, la entidad no entró a evaluar de fondo este asunto, sino el de restringir el alcance y poder que tienen los tribunales inferiores para limitar varias de las disposiciones de la Casa Blanca, por ser inconstitucionales.
¿Qué implica esto? ¿Entrará en vigor la orden sobre ciudadanía por nacimiento en estados que impugnaron como en los que no?
En un documento de 119 páginas, la Corte Suprema confirmó, por ahora, la suspensión a nivel nacional de la medida establecida por una corte inferior en los estados de Maryland, Massachusetts y Washington sobre el acceso a la ciudadanía por nacimiento, señalando además que los tribunales de distrito no tienen competencia para emitir órdenes judiciales con alcance nacional.
A la luz de esta decisión, los migrantes indocumentados con hijos nacidos en EE. UU. tendrían que presentar demandas de manera individual. Aunque esto establece un precedente legal complejo, no significa que la Casa Blanca tenga vía libre para aplicar la medida exactamente como lo ha propuesto.
Y es que si bien es cierto el fallo habla sobre la imposibilidad de tribunales inferiores para detener proclamaciones de la administración Trump, no decide específicamente sobre la ciudadanía por nacimiento y, al no pronunciarse sobre este tema, la orden ejecutiva podría entrar en vigor en 30 días. Ya se ha anunciado que la decisión sobre este asunto se daría hasta octubre.
Base constitucional del derecho a la ciudadanía
El derecho a la “ciudadanía por nacimiento” está garantizado por la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, adoptada en 1868. Su cláusula de ciudadanía establece que: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en que residen.”
Este principio convirtió a los EE. UU. en uno de los pocos países que otorgan la ciudadanía automáticamente a los nacidos en su territorio, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
¿Se ha malinterpretado la 14ª Enmienda?
Tras su retorno a la Casa Blanca, una de las primeras Ordenes Ejecutivas que firmó Trump fue la de acabar con este derecho. Donald Trump y su administración han considerado que en particular el texto de la enmienda, en particular lo que significa ser una persona “sujeta a su jurisdicción”, ha sido malinterpretado por las cortes desde que fue ratificada en 1868.
La intención de esta ley ha sido siempre negar la ciudadanía a las personas nacidas en el país “cuando la madre está ilegalmente en Estados Unidos y el padre no es ciudadano ni residente permanente legal en el momento del nacimiento”, o si la madre está en el país en el momento del nacimiento de forma legal pero temporal, léase con una visa de estudiante, trabajo o turista, y el padre no es ciudadano ni residente permanente legal.
La restricción del alcance nacional de los fallos judiciales, es decir, que un juez federal ya no pueda suspender órdenes ejecutivas a nivel nacional podría debilitar el sistema de frenos y contrapesos, que es pilar fundamental del constitucionalismo estadounidense. Esto permitiría que una orden ejecutiva se aplique parcialmente, aunque se considere inconstitucional en algunas jurisdicciones.
¿Estado Social de Derecho en riesgo?
Con este fallo el ejecutivo gana terreno sobre el judicial y los ciudadanos quedarían más expuestos a políticas gubernamentales inmediatas sin protección uniforme.
Potencialmente, cualquier orden sería inmediata. Si los jueces pierden la capacidad de suspender órdenes en todo el país, las medidas ejecutivas podrían implementarse rápidamente y mantenerse activas hasta que cada tribunal las revise por separado, lo cual toma bastante tiempo y recursos.
Al no pronunciarse la Corte Suprema sobre la ciudadanía po nacimiento, la orden ejecutiva podría entrar en vigor en 30 días.
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